La empresa Monsanto se encuentra orillada a presentar su postura ante las opiniones emitidas por cinco jueces del “Tribunal Internacional Monsanto” en La Haya, Holanda, quienes aseguran que la empresa cometió “ecocidio” al dañar gravemente el ecosistema, violar el derecho a una buena salud, buena alimentación y atentar contra la libertad de la investigación científica, tristemente este delito todavía no es reconocido como derecho internacional.
Por esta razón se realizó una proposición por parte de la senadora Ana Gabriela Guevara del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en la cual exhorta a dichas instituciones emitir una postura ante el dictamen del tribunal de Monsanto el 18 de abril, para realizar acciones legislativas pertinentes.
Un “Tribunal de Opinión”, como lo es el de Monsanto, emite sus opiniones consultivas sobre “situaciones o sucesos muy problemáticos” con el enfoque del derecho y las normas internacionales, de manera idéntica a la que procede la Corte Internacional de Justicia. Es fruto de la sociedad civil y no pertenece a ningún sistema judicial u organización internacional.
Se reprobaron los principales productos de Monsanto como el Roundup, su herbicida estrella cuyo ingrediente principal es el glifosato, penado por la SAGARPA en México, ingrediente catalogado como carcinógeno por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Otros productos dañinos son los organismos modificados genéticamente (OGM) protegidos al tener el permiso de patente, ingredientes tóxicos para la salud como bifenilos policlorados o el agente naranja también son utilizados.
Se trató de un juicio del modelo agroindustrial actual, del que Monsanto se volvió un promotor a escala global. “No sólo porque depende de productos químicos peligrosos, sino también por sus efectos negativos sobre el cambio climático, sus repercusiones en la pérdida de diversidad biológica y su incapacidad para garantizar la soberanía alimentaria”, sostuvo el tribunal.
Los jueces determinaron que Monsanto empleó tácticas “deshonestas, engañosas y opacas” en cabildeo, entre ellos el pago de sobornos e intimidaciones, con el afán de conseguir permisos de siembra, así como para desacreditar los estudios científicos que pudieran amenazar sus intereses comerciales.
El Tribunal determinó que el uso de semillas transgénicas causa daños a los suelos, alimenta la deforestación, tuerce los modelos de producción local al favorecer las grandes empresas y pone en peligro la diversidad de especies de granos.
Fuente: proceso.com.mx