El Europarlamento atiende una demanda del sector y relajará los requisitos de certificación en 2021
Pero el Parlamento Europeo ha aprobado recientemente un paquete de medidas, que entrará en vigor en 2021, destinado a favorecer esa producción bio (que rechaza el uso de químicos sintéticos), con un alto valor simbólico. Sobre todo, al recoger la demanda recurrente de los agricultores de poder poner en el mercado sus propias variedades populares, aunque no sean homogéneas, y sin pasar por de registro proceso largo y costoso (podía salir por entre 6.000 y 15.000 euros).
«Se favorecerá la agrobiodiversidad, la autoproducción y el intercambio de simiente entre los agricultores, los verdaderos propietarios y mejoradores de esas semillas durante siglos», opina Víctor Gonzálvez, de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE). Wilson Hugo, experto de la FAO (agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura), coincide en que la nueva normativa traerá beneficios para la diversidad al permitir que los productores tengan y vendan sus variedades heterogéneas (es decir, que no se requiere una uniformidad de todos los ejemplares) sin mayores problemas y sin pagar por el registro.
El requisito de la homogeneidad o uniformidad se introdujo en la segunda mitad del siglo pasado, cuando la agricultura empezaba a industrializarse. Por un lado, porque esa uniformidad era la única forma de poder distinguir entre variedades. Por otro, porque las prácticas agroindustriales requieren esa homogeneidad para ahorrar costes y maximizar la eficiencia: asegurando, por ejemplo, que las plantas maduren al mismo tiempo para entrar con la cosechadora. Pero, desde los ochenta, con el auge de la propiedad intelectual, la uniformidad cobró más importancia aún para determinar quién era el dueño de cada variedad.
OTROS MODELOS
Fuera de la UE hay países donde la regulación es mucho más laxa. En algunos lugares de Centroamérica o África subsahariana la inmensa mayoría de las semillas son producidas y vendidas en el sistema informal, sin control de calidad estatal ni privado. «La gente vende las semillas de sus padres o sus abuelos sin un control de calidad, las compras por partes de agricultores están basadas en la confianza que tienen en quienes han producido esa semilla «, explica Wilson Hugo, de la FAO. Hay otros países en desarrollo donde las leyes sí prohíben estas prácticas, pero no hay inspectores suficientes para hacer cumplir la normativa ym por lo tanto, continúan siendo la principal fuente de semillas en la agricultura.
Por otro lado, Estados como Uruguay permiten registrar algunas variedades criollas con niveles de hetereogeneidad muy grandes, y otros como Nicaragua tienen propuestas de ley para hacerlo.
Estas nuevas medidas vienen a relajar las posibilidades y abrir las opciones de los agricultores, dentro de un enfoque político cada vez más medioambiental y algo menos enfocado a la producción. Pero no supondrán una liberalización completa del mercado semillero de la UE, hasta ahora uno de los más regulados. Seguirá habiendo una obligación de registrar —eso sí, sin coste— cada semilla que salga al mercado. Gonzálvez, de la SEAE, cree que hay que facilitar aún más ese registro para los pequeños agricultores.
La reforma normativa tampoco asegura que el mercado se inunde de variedades propias de los productores orgánicos. «Igual que a mí no siempre me compensa fabricar mi propia ropa para ahorrar algo de dinero, a los agricultores no siempre les compensa producir sus propias semillas», ilustra Wilson Hugo. «Lo harán cuando no pueda conseguir las que le interesan en el mercado semillero», pronostica. El especialista de la FAO apunta, además, que las empresas semilleras también podrán explotar a partir de ahora la producción de variedades heterogéneas.
Gonzálvez, por su parte, cree que la clave la tienen los ciudadanos. «Si demandan y consumen esas variedades, muchos pequeños y medianos agricultores y ecológicos aumentarán la producción de semillas propias», considera. «Pero para eso hace falta que sean conocidas, con campañas de divulgación que, por ahora, nadie apoya», lamenta.
España es el primer país de la Unión Europea y el cuarto del mundo en superficie cultivada bajo prácticas ecológicas, con más de dos millones de hectáreas en 2016, según datos del Ministerio de Agricultura.