Aproximadamente una cuarta parte de los 130 millones de habitantes de México vive en zonas rurales y depende principalmente de la agricultura. Los ingresos en la agricultura tienden a ser bajos, sólo alrededor de un tercio del promedio nacional, y la agricultura aporta sólo el 5% del PIB nacional. En el norte y el noreste, las granjas son en su mayoría grandes e irrigadas, produciendo una amplia variedad de cultivos incluyendo trigo, sorgo, oleaginosas y hortalizas. Más de la mitad de las tierras de cultivo de México se encuentra en las tierras altas centrales. Aquí, los pequeños agricultores cultivan principalmente maíz y frijoles, su producción depende en gran medida de lluvias irregulares. Lo que riega allí es el almacenamiento superficial, por lo que también depende de la lluvia. Alrededor de los agricultores de la Ciudad de México cultivan granos forrajeros, semillas oleaginosas, frutas y verduras, y las regiones tropicales del sur producen café, arroz, caña de azúcar y plátanos.
Un 50% de las tierras agrícolas mexicanas están en manos de granjas comunales, llamadas ejidos. Este sistema se estableció a principios del siglo XX, cuando grandes terrenos privados se redistribuyeron a cooperativas campesinas, como forma de garantizarles medios de subsistencia y pacificar las zonas rurales. Sin embargo, el sistema de ejidos también tuvo el efecto de atar a la gente a la tierra, ya que las parcelas no podían ser vendidas o alquiladas, ya medida que la población crecía, las asignaciones individuales se reducían. Las inversiones de capital en las granjas también eran deficientes, ya que las tierras de propiedad comunal no podían utilizarse como garantía de los préstamos, y esta combinación de tamaño reducido y baja inversión condujo inevitablemente a una baja productividad.
En los últimos veinte años el sector agrícola ha sufrido grandes reformas. Antes de los años ochenta, los gobiernos mexicanos habían seguido una política de autosuficiencia en alimentos básicos, pagando a los agricultores el doble del precio mundial de su maíz y subsidiando insumos como fertilizantes y riego. A raíz de los problemas de la deuda a principios de los años ochenta, se suprimieron progresivamente los apoyos de precios y se estableció un programa transitorio de quince años llamado Procampo para ayudar a los productores de productos básicos a pasar de la producción protegida a la del mercado abierto. El programa otorga pagos fijos por hectárea, con la esperanza de que los agricultores utilicen este dinero para modernizar su producción. Los agricultores tienen la libertad de cultivar cultivos alternativos o de diversificarse en actividades ganaderas, forestales, ecológicas o acuícolas, y todavía reciben el pago directo. De esta manera, el gobierno espera que la agricultura se aleje de la autosuficiencia hacia las exportaciones. El sistema de ejidos también ha sido reformado en un intento de aumentar el tamaño de las fincas, con las cooperativas que ahora tienen derecho a vender o alquilar sus tierras.
La creación del Área de Libre Comercio de América del Norte en 1994 ha impulsado aún más la política agrícola hacia la producción de exportación. El 78% de las exportaciones agrícolas mexicanas se destinan ahora a Estados Unidos, principalmente frutas, verduras, ganado y café. Se cultivan verduras como la berenjena china y el brócoli en las provincias del norte para abastecer el mercado asiático americano, y la producción ha sido impulsada por el apoyo de los importadores estadounidenses. En el marco de su política agrícola, denominada Alianza para el Campo, el gobierno se ha centrado en diversos desarrollos técnicos, como la distribución de agua y los sistemas de riego, el mejoramiento genético del ganado, los programas de compra y reparación de tractores y el intercambio híbrido de semillas para los cultivadores de maíz.
Source: The new Agriculturist