En “un impasse” ha caído la negociación de las organizaciones de productores de jitomate o tomate rojo de México con el Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre el arancel del 17.5 por ciento que les impuso a sus exportaciones desde el 7 de mayo, porque insiste en que “voluntariamente aceptemos que el 100 por ciento de los camiones que lleguen a la frontera, tengan que ser inspeccionados para asegurar la calidad de manera obligatoria”, informó Mario Robles, director de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) y vocero de otras organizaciones afectadas.
En ninguna parte del mundo, dijo, existen requisitos de importación obligatorios y si Estados Unidos aplica tal revisión, entonces México “tendría todo el derecho de inspeccionar de manera obligatoria la calidad del maíz, soya, trigo, manzanas, uvas, carne de puerco y de pollo, entre otros productos que le importamos en grandes cantidades”, advirtió a nombre de CAADES, la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), el Consejo Agrícola de Baja California (CABC), el Sistema Producto Tomate Nacional (SPTN) y la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui-Mayo (APHYM).
Fustigó que la revisión de la totalidad de los jitomates que exporta México “es una necedad más de los productores de Florida que no les reditúa ningún nivel de protección adicional al del precio de referencia. Pero además crearía un nudo logístico en la frontera considerando que se tendrían que inspeccionar 120 mil camiones en un proceso que dura más de una hora y media por camión. Esto saturaría los espacios físicos para la inspección aduanal y afectaría significativamente otros sectores como el de maquiladoras, automotriz, partes electrónicas y otras manufacturas”.
La petición o propuesta sobre la revisión de las importaciones a productos estadunidenses, abundó, ya fue planteada por el sector al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, la subsecretaria de comercio exterior de la Secretaría de Economía (SE), Luz María de la Mora y el gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, en las reuniones que han tenido con ellos.
“El secretario Villalobos expresó el respaldo total de todo el gobierno federal a los productores de tomate y ofreció enviar al Secretario del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Sonny Perdue, una comunicación formal de las consecuencias que tal medida tendría para los productores y granjeros de ambos países”, indicó Robles.
Pese al “impasse”, dijo que se mantiene abierta la comunicación con el Departamento de Comercio y eventualmente se podría llegar a un acuerdo, pero advirtió éste “no debe afectar de manera significativa la exportación de México, ni tampoco el interés legitimo del comprador en Estados Unidos porque eso sería peor que el arancel”.
Paralelamente Robles anunció que mientras siguen las negociaciones, las organizaciones de tomateros han solicitado a los funcionarios del gobierno federal que se apoye a los pequeños y medianos productores que no pueden pagar el arancel y también se analiza la diversificación de los cultivos y de mercados de exportación así como la reconversión industrial para generar valor agregado al tomate así como impulsar el consumo nacional.
El Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional (ITC) por sus siglas en inglés continúan la investigación antidumping contra el jitomate mexicano, cuyas determinaciones finales están previstas para el 19 de septiembre y el 3 de noviembre, respectivamente, y las organizaciones mexicanas confían en que les sea favorable. (La Jornada)