Con el objetivo de impulsar políticas públicas, programas y acciones en beneficio integral del sector agropecuario, pesquero y acuícola en las 32 entidades federativas del país, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Villalobos Arámbula, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA).
Entre los acuerdos, destacan la instalación de mesas técnicas para evaluar los programas de Producción para el Bienestar, Precios de Garantía en granos básicos y leche, Crédito Ganadero a la Palabra y Producción Nacional de Fertilizantes, y su convergencia e impacto directo en el sector primario de los estados, así como esquemas para la comercialización de granos, sanidad, desarrollo rural y seguros agropecuarios.
El titular de la SADER señaló que las directrices del Gobierno de México están orientadas a fortalecer las relaciones de trabajo con los estados y, en materia agropecuaria y pesquera, fomentar una alianza con los secretarios del ramo a nivel estatal y promover la convergencia de acciones por el bien del sector.
Afirmó que este es un año de transición con la aplicación de nuevos esquemas para fortalecer programas y acciones a favor de los productores más desprotegidos, enfoque en el que la participación de los gobiernos locales es importante y decisiva para el alcance de objetivos comunes.
Al frente de una delegación de directivos estatales, el presidente de la AMSDA y secretario de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo, Carlos Muñiz Rodríguez, así como sus homólogos de Sonora, Jorge Guzmán Nieves, y de Coahuila, José Luis Flores Méndez, indicaron la importancia de contribuir con las políticas del Gobierno de México en una acción coordinada, a efecto de enriquecer los programas estatales con los de la SADER para un mayor impacto en el sector primario nacional.
También los titulares del ramo en Sinaloa, Manuel Tarriba Urtuzuástegui; Michoacán, Rubén Medina Niño; de Guanajuato, José Gutiérrez Michel, coincidieron que es importante transitar de los subsidios a esquemas de crédito preferenciales para impulsar la productividad y competitividad en el campo, así como en llevar a cabo una agricultura con impacto económico, social y sustentable.