Desde la directora de Conacyt, hasta puestos a modo en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, el panorama para la investigación biotecnológica abre espacios de discrecionalidad, manifiesta grupo científico opositor
La biotecnología mexicana experimenta uno de los momentos más difíciles de su historia debido una estrategia del gobierno de la república y otra iniciada en la fracción del partido Morena, en el Senado, para controlar y “tutelar” de manera más estricta las investigaciones de este país sobre organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos.
A pesar de decenas de manifestaciones públicas en contra de ese cambio, emitidas por científicos del más alto prestigio internacional como Luis Herrera Estrella, Alejandro Alagón, Francisco Bolívar Zapata y decenas de investigadores de la UNAM y Cinvestav, la iniciativa de reforma de la legisladora Ana Lilia Rivera del partido Morena y un conjunto de nombramientos en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) han construido un escenario en el que el grupo de investigadores conocidos como “antitransgénicos”, acumula en sus manos las decisiones de sobre el futuro de la biotecnología mexicana.
La senadora, originaria de Tlaxcala y quien no es miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, fundó en 2010 la Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa del Maíz Nativo de Tlaxcala, A.C y en 2011, junto con Laura Itzel Castillo, reunió en Oaxaca a diputados de oposición para impulsar un punto de acuerdo que declarara a Oaxaca territorio libre de maíz transgénico, acuerdo que se aprobó posteriormente.
Tutelar la investigación
La iniciativa de reforma presentada en el Senado por la legisladora Ana Lilia Rivera Rivera propone una definición jurídica del concepto de Bioseguridad, que incluye el concepto holístico, que se origina en la mitología griega y se revive en filosofías metafísicas de los años 20 del siglo XX para referirse al estudio de la naturaleza como un todo interconectado. Se trata de un término polisémico, es decir, al que se pueden dar muchos significados diferentes y subjetivos.
“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: I. Bioseguridad, la bioseguridad integral, entendida como el conjunto de acciones, normas y políticas orientadas a evitar, minimizar o erradicar los riesgos de diversa índole derivados de aplicaciones o desarrollos tecnocientíficos, así como de las actividades relativas a organismos genéticamente modificados, desde una perspectiva holística, inter y transdisciplinaria”.
Más adelante se encadena la bioseguridad a otro concepto difícil de evaluar con parámetros objetivos y estandarizados: “riqueza biocultural”.
“XXII. En materia de biotecnología, las actividades de investigación, aplicación y desarrollo tecnológico deberán realizarse en estricto respeto de los principios de previsión, prevención y precaución; asimismo, buscarán promover y garantizar la bioseguridad, así como proteger la agrobiodiversidad y la riqueza biocultural”.
En la página 20 de la iniciativa; en el apartado que se llama Ejes de la Iniciativa, donde explica la necesidad de reformar cuatro artículos de la Constitución (3,4,28 y 73), se afirma que es necesaria una “estrategia integral del tutela” de los principios de previsión, prevención y precaución en las actividades de investigación. Aquí pone especial énfasis en lo que tiene que ver con biotecnología al afirmar:
“… lo que implicará, entre otros cambios, la incorporación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados en la estructura orgánica del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, asumiendo el Consejo las funciones y atribuciones de la Comisión en un marco de bioseguridad integral”.
Esto significa que las decisiones de la Cibiogem no se tomarán de manera colegiada por representantes de siete dependencias federales, como ocurre actualmente, sino que será Conacyt quien evalúe y tutele ese campo de investigación.
Hasta ahora, siete instituciones federales comparten la responsabilidad de decidir si un organismo genéticamente modificado o transgénico representa un riesgo para la salud o el medio ambiente en México. Juntas trabajan en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem). En ese organismo están representados los titulares de las secretarías de Medio Ambiente, Agricultura, Salud, Educación Pública, Economía, Hacienda y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Esto cambiará en caso de aprobarse la iniciativa tal como fue presentada el 8 de febrero.
Por ello, “solicitamos atentamente que se retire de la agenda legislativa del Senado de la República la iniciativa”, señala un pronunciamiento de los Consejos Consultivo Científico y Consultivo Mixto de Cibiogem. Si bien el documento refiere su inconformidad por la desaparición de la Cibiogem y la concentración de la toma de decisiones del sector por Conacyt, la iniciativa “no sólo atenta contra la vida democrática del país, sino que supone un sesgo de criterio unilateral y extremadamente limitado hacia lo que la nueva dirección de Conacyt considera el uso seguro de la biotecnología moderna”.
Refiere además que se considera como elemento crítico a destacar la constitución de esta estructura orgánica monolítica en el consejo “por un grupo con afinidad ideológica, encabezado por la Directora General, contraria al uso seguro y responsable de la biotecnología, que ostenta actualmente consenso mundial. Con ello implicando claramente un conflicto de interés que por principio será causante de efectos adversos en cualquier toma de decisiones, al omitir basarse en ciencia y consensos…”.
La postura de la dirección de Conacyt y la desaparición de la Cibiogem es congruente con los principios sobre los que se rige el nuevo gobierno. En campaña y durante la celebración del dos de julio, Andrés Manuel López Obrador recordó que en su gobierno “no se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas”. Sin embargo, para Luis Herrera Estrella, el presidente no tiene el panorama completo sobre esta tecnología.
“Sr. Presidente, sería altamente deseable que antes de tomar una decisión tan tajante, que puede afectar de manera importante a nuestra agricultura, consulte a expertos nacionales e internacionales que le muestren ambos lados de la historia, para que tenga usted una visión completa del tema y sus implicaciones”, escribió en el artículo “No a los transgénicos…me canso ganso”, publicado por el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, el cual se conforma por todos los científicos ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes, entre ellos la directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, Bolívar Zapata y Alagón Cano.
Herrera Estrella es pionero en el mundo en el desarrollo de la biotecnología en plantas y fundador del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio), adscrito al Cinvestav Irapuato. El investigador forma parte de un grupo vasto de científicos a favor del uso de transgénicos y ha sido, junto con Francisco Bolívar Zapata, uno de los principales opositores del discurso antitransgénico de Álvarez-Buylla.
“La Dra. Elena Álvarez-Buylla ha sido la más feroz oponente de los OGM en México. Asevera que los transgénicos causan cáncer y autismo, sin que exista evidencia científica que sustente sus dichos, en una actitud que ella misma ha calificado más como la de activista que como la de científica reconocida que ella es”.
Además de ser Premio Nacional, Bolívar Zapata es uno de los mexicanos ganadores del Premio Príncipe de Asturias y es investigador emérito del Instituto de Biotecnología de la UNAM, del cual es uno de los fundadores. El miembro de El Colegio Nacional ha tenido reiteradas participaciones en esta institución con la conferencia Organismos Transgénicos, sus grandes beneficios y la ausencia de daño, título similar al libro editado en consenso con instituciones y científicos de todo el país.
En su más reciente presentación en El Colegio Nacional, el bioquímico hizo un llamado al gobierno del presidente López Obrador para que se instrumente un espacio de análisis y de discusión “plural y respetuosa” sobre los transgénicos entre la nueva administración y los académicos y expertos en el tema.
Bolívar Zapata aludió a las declaraciones que realizó el Presidente en el Congreso el pasado 1 de diciembre de 2018, en las que anunciaba que no permitiría el uso de transgénicos. “Esperamos poder contar con la oportunidad de presentar a la nueva administración las razones y amplia evidencia científica y técnica (que demuestran) que es injusto e inmoral que no se permita el uso responsable y sustentable de los OGM en beneficio de nuestro país (…), “solicitamos que se instrumente un espacio de discusión inteligente, balanceado, para informar, señalar y precisar los contundentes documentos que sustentan la ausencia de daño de los OGM, así como sus relevantes beneficios”.
En este escenario, el Instituto de Biotecnología de la UNAM también se pronunció sobre el tema, que incide directamente en el trabajo de investigación que llevan a cabo y donde el tema de transgénicos es eje, como ocurre también en Langebio y otros centros de investigación.
Firmadas por 221 del instituto y en cartas separadas a legisladores de las comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado y Diputados, así como a la directora del Conacyt, los científicos manifiestan su desacuerdo por la visión “estigmatizante” que la iniciativa de ley presentada por la senadora Ana Lilia Rivera establece acerca de la biotecnología.
“Nos alarma de sobremanera que la iniciativa asocie reiteradamente a la biotecnología moderna con riesgos en materia de bioseguridad, pero sobre todo (que) con base en la aplicación del principio precautorio, se abran espacios de discrecionalidad para suspender o incluso cancelar programas, proyectos y actividades de investigación y desarrollo tecnológico con el argumento (de) que ‘pueden’ generar riesgos (…) la reestructuración e inserción dentro de la supeditación del propuesto CONAHCYT, de la Cibiogem representa un claro retroceso que afectará al país”.
Nombramientos complicados
En casi tres meses del nuevo gobierno de la república, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) ha sido centro de diferentes controversias, no sólo por el destino que plantea para ella la iniciativa de reforma legal que transfiere su patrimonio y funciones a Conacyt, sino por los nombramientos de algunos de sus encargados, funcionarios y colaboradores, quienes comparten antecedentes como activistas contra los organismos genéticamente modificados o transgénicos.
El primer caso fue el de Edith Arrieta Meza, quien cursó la licenciatura en diseño de modas y colaboró temporalmente con una subdirección de la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem. Su nombramiento fue cuestionado públicamente por no contar con un perfil profesional afín a la tarea central de la institución para la que laboró casi dos meses.
Finalmente se separó del equipo, pero oficialmente se le hizo un reconocimiento en un boletín de Conacyt donde se afirma que fue invitada a colaborar “debido a su amplia experiencia en trabajo organizativo y de enlace en comunidades rurales, así como en la protección y bioseguridad de la riqueza agrobiológica de la Ciudad de México y otros estados de la República”.
Pero con la separación de Edith Arrieta de Cibiogem no se detuvieron los cuestionamientos. El mismo comunicado oficial de Conacyt difundió que como encargado del despacho de la Cibiogem se encuentra Emmanuel González Ortega, quien ha publicado en revistas científicas y de divulgación artículos cuestionando la seguridad de los organismos genéticamente modificados con títulos como: “El futuro próximo: abejas transgénicas”; “Transgenes y glisofato en alimentos producidos industrialmente con maíz en México” o “Veredicto Monsanto (Bayer) es veneno”.
También en Cibiogem fue nombrada Érica Hagman Aguilar, estudiante de maestría y activista de la asociación civil Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) —de la que Álvarez-Buylla es fundadora y su representante más visible—, en la que ha afirmado que “los transgénicos son una bomba atómica con vida propia”.
Otros integrante de la UCCS son Eva Bermúdez, la persona que sustituyó a la diseñadora Edith Arrieta Meza en Cibiogem, así como Fernando Córdova Tapia, quien se desempeña, desde el 11 de diciembre de 2018, en la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Conacyt.
La UCSS ha promovido campañas y manifiestos en contra de la siembra de transgénicos en México. En 2009 promovió un primer extrañamiento sobre maíz transgénico. Pronunciamientos similares fueron emitidos en 2010, 2011 y 2012. Sus campañas “Stop the spread of transgenes” y “México dice no al maíz transgénico” fueron lanzadas en 2014 y en 2017 lanzó la campaña “Los cultivos transgénicos y la duda científica”.
Este equipo de funcionarios tendrá la responsabilidad de desempeñar las tareas de la Cibiogem que, entre otras, incluyen definir las posiciones de México en materia de bioseguridad de OGM y presentar, a través de la delegación designada, esas posiciones ante los organismos y foros internacionales correspondientes.
Fuente: Carta de México