El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, señala que México conservará su estatus de potencia exportadora de alimentos, manteniéndose dentro de los 10 principales vendedores en el planeta, con un superávit que ronda cinco mil millones de dólares.
Sin embargo, destaca que se debe revisar este comportamiento ya que resulta “engañoso” al observar algunos de los principales productos agrícolas que se llevan más allá de las fronteras.
En el documento “Apertura comercial frente a soberanía alimentaria: lo que comemos los mexicanos”, el CESOP menciona que el primer lugar lo tiene la cerveza, industria que en el país producen y comercializan trasnacionales (Holanda, Bélgica y Estados Unidos).
Caso similar es el de las bebidas alcohólicas, como el tequila o las marcas más grandes que también pertenecen a empresas extranjeras (Reino Unido, básicamente), de tal forma que la mayor parte de las ganancias de esta actividad finalmente abandona el país.
Resalta que caso aparte es la venta de aguacate, fruto mexicano que vive un auge de consumo, sobre todo en Estados Unidos gracias al guacamole. Sin embargo, para cubrir la demanda se han tenido que deforestar en exceso los bosques michoacanos y de entidades federativas colindantes, lo que ha provocado que se promueva un boicot contra su consumo en este mercado.
El CESOP precisa que en el otro lado de la balanza está el maíz, el cereal que más consume el mexicano en su dieta y que curiosamente también es el que más se importa en términos del valor de su producción.
Dicho panorama, abunda, “es ejemplo de lo que critican los términos de soberanía y seguridad alimentaria, al poner en entredicho el derecho de la población a sus tradiciones y cultura, que nos aleja del cumplimiento de las metas de desarrollo sustentable del milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que lleva a un camino en el que no se puedan satisfacer los requerimientos y preferencias alimentarias”.
Puntualiza que la Declaración de Nyéléni advertía en 2007 de los riesgos de la apertura comercial en el campo, ya que suponía favorecer intereses de mercado de las corporaciones extranjeras, en detrimento de los productores locales y las tradiciones culinarias con afectaciones que van desde lo ecológico hasta la salud de las personas.
En el documento, el Centro de Estudios resalta que todas esas advertencias se han cumplido o materializado en parte, por lo que “más allá del éxito exportador del campo mexicano, hay que abrir los ojos y dirigir la atención a abonar en favor de la soberanía y la seguridad alimentaria, términos que no están peleados con la apertura comercial, sino sólo se ponen en diferente orden los intereses de la población y sus tradiciones”.
Menciona que el sector agropecuario y pesquero alcanzó un valor cercano a los 854 mil millones de pesos con un volumen de producción de 30.7 millones de toneladas en 2017, lo que supone un aumento de 17.6 por ciento con relación a 2012.
Prácticamente en el último sexenio el campo logró una cifra de 468 mil millones de pesos, luego de un crecimiento de 28 millones de toneladas, hasta ubicarse en 236; el pecuario, en 355 mil millones de pesos, aunque de 2012 a 2017 sumó 2 millones de toneladas, para alcanzar un total de 21.1 millones; el pesquero llegó a 29.8 mil millones de toneladas a partir de un aumento de 0.4 millones de toneladas y un total de 2.1 millones.
En el campo mexicano trabajan 6 millones de personas; en actividades ganaderas lo hacen 777 mil, y en pesca y acuacultura 172 mil (en todo el país existen 52.9 millones de empleos). Del total de personas que laboran en el campo, 34 por ciento no ha concluido la primaria y 30 por ciento sólo cuenta con estos estudios.
En cuanto a salario, 27 por ciento no recibe ingresos, mismo porcentaje que obtiene no más de un salario mínimo; 26.1 por ciento recibe entre uno y dos salarios mínimos; mientras que sólo 1.4 por ciento tiene entradas superiores a cinco salarios mínimos.