Con el objetivo de aumentar el ingreso a un mayor número de hogares de pequeños productores, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) instrumenta el Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales (PESA) que permiten garantizar su seguridad alimentaria.
De enero a junio de 2018 el PESA, con una inversión de dos mil 597 millones de pesos da continuidad a más de 220 mil familias que cuentan con el acompañamiento del componente, pero da preferencia a aquellos que no superan los cuatro años de atención mediante este instrumento.
La implementación de los proyectos productivos en el 2018 continúan con el acompañamiento técnico de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como de las Agencias de Desarrollo Rural, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria de las Unidades de Producción Familiar (UPF), para incrementar su nivel de ingresos mediante la comercialización de excedentes de las pequeñas y pequeños productores.
Cabe recordar que el PESA es un componente del Programa de Apoyos a Pequeños Productores que coordina la SAGARPA, y es ejecutado por las Secretarías de Desarrollo Agropecuario o sus equivalentes en los gobiernos de los estados y es apoyado por la FAO, proporcionando la metodología y el acompañamiento técnico a los participantes.
Este componente está vinculado con la estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), y priorizó la atención a la población en extrema carencia alimentaria, especialmente de la que no es beneficiaria de algún apoyo social.
En 2017, mediante el PESA, se ejercieron dos mil 525.6 millones de pesos, para desarrollar proyectos productivos en 190 mil unidades de producción familiar, promoviendo la igualdad de oportunidades, la atención a mujeres y buscando que se beneficie de manera equitativa a todos los productores, independientemente de su religión, sexo, edad, grupo étnico y condición física.
Ese año se benefició a 220 mil 239 familias, dos mil 277 escuelas de campo y tres mil 643 fondos de ahorro, de los beneficiarios el 64 por ciento fueron mujeres, además de que del total el 44 por ciento fueron integrantes de poblaciones indígenas.
Los apoyos de este componente se destinan a poblaciones en condición de pobreza y pobreza extrema que realizan o pretendan realizar actividades agropecuarias, acuícolas y piscícolas.
Asimismo, gracias a las acciones que se realizan por parte del Gobierno de la República a través de una acción coordinada e interdisciplinaria, se logró reducir el índice de población rural en situación de pobreza, al pasar de 61.6 por ciento en 2012 a 58.2 puntos porcentuales en 2016.
Además, la pobreza extrema en el sector rural bajó de 21.5 a 17.4 por ciento, mientras la carencia por acceso a la alimentación se redujo de 30.9 por ciento en 2012 a 24.7 por ciento en el 2016, según estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).